Pandemia, Concursos, Crisis De Empresas, Su Prevención y Actuación del Estado

SUMARIO: 1.- Rotación de los objetivos del derecho concursal; 2.- Perdurabilidad de la empresa; 3.- Acciones de los Estados. 4.- Conclusión

1. Rotación de los objetivos del Derecho Concursal: Es evidente que el derecho concursal, según nos cuenta la historia, tuvo a través del tiempo, diferentes tratamientos. Fue transformándose en función de momentos económicos imperantes en cada época. Podríamos resumir partiendo de la obra de William Shakespeare, “El Mercader de Venecia”, como un extremo, donde el deudor debe pagar una deuda con parte de su cuerpo, hasta el presente con procesos regulados por leyes. No hace falta recordarlo, pero lo que hoy conocemos como mundo, no era precisamente antes del descubrimiento de américa, pero comercio y comerciantes coexistían desde mucho antes y con ellos, seguramente, insolvencia.

Con las Ordenanzas de Bilbao, la quiebra queda reservada para los comerciantes y, con el Código Francés de 1807, canalizó un tratamiento definido de las personas en el procedimiento falencial, con severidad para los comerciantes, no así para los civiles[1].

Con el tiempo, se acentuó la expansión de rutas comerciales y mercados hacia el nuevo continente, hecho fue una verdadera globalización. Con esta ruptura de fronteras, aparece la empresa, a las cuales se les aplicaba los efectos de la quiebra, por ejercer actos de comercio, generando una sinergia que no paró más hasta nuestros días.

Se inicia en Inglaterra un proceso de transformación económica, política y de técnicas de la producción las que se difundieron, rápidamente, por toda Europa. La máquina a vapor permitió la energía mecánica. Nace el capitalismo, entendido como una producción masiva de mercancía. Ya nada será igual en nuestro planeta. El desarrollo del capitalismo genera una nueva corriente, con el hombre buscando la mejor forma de obtener los bienes para satisfacer sus necesidades y ese gran cambio social, genera movimientos que marcan un antes. Como contrapartida, con el crecimiento de la industria nace de una nueva clase social, “el proletariado” con fuertes cambios sociales y culturales, con Karl Marx como mentor y, asociados a movimientos sindicales, nace la lucha de clases.

En contraposición, Adam Smith en su Investigación sobre la Naturaleza y las causas de la Riqueza de las Naciones, sostiene que la ley natural es superior a la ley humana y que una mano invisible rige la economía. Se valora el esfuerzo individual, introduce la cuestión del costo de producción y propone una teoría del valor de uso y valor de cambio de un bien.

La aparición del ferrocarril y el crecimiento de la industria (Bélgica, Francia y España del siglo XIX), la presencia de fábricas, grandes factorías y el abaratamiento de los costos, nace la necesidad de movilizar grandes flujos de capital. Se desarrolla la banca y, con ella, el crédito con el fin de facilitar los medios de explotación. En ese devenir irrefrenable, la segunda etapa de la revolución industrial (1870-1914), se caracterizó por la sustitución de la elaboración semi artesanal de las manufacturas, por el trabajo en cadena, por alentar el consumo en gran escala y con la internacionalización de nuevos mercados.

Con la masividad de la oferta, nace el consumidor. Las Bolsas de Comercio influyeron en las modificaciones de las estructuras de la producción, en la velocidad de las transacciones, en los sistemas crediticios y en cambios en los procedimientos concursales.

Otra figura, John Maynard Keynes, introdujo nuevas ideas económicas que pusieron en dudas a las existentes. Para él, el estado debe tener activa participación en el incentivo de la inversión, en contraposición al liberalismo puro que impulsa la libertad de mercados.

Mucho más cerca nuestro, una corriente económica, llamada estructuralista, que concebía a América Latina como una región con problemas estructurales propios del funcionamiento de sus economías, se desarrolla a posteriori de la segunda guerra mundial y proponía una distribución de la tierra que permita funcionar a explotaciones “término medio” de la agricultura; la diversificación de esta producción agrícola; una mejor distribución de los ingresos, un tema en el que nuestros países tiene mora desde su origen.

Entre sus principales cultores de esta doctrina, podemos citar al tucumano Raúl Prebisch que formuló una estrategia de crecimiento basado en la industrialización y del estilo de inserción en la división internacional del trabajo. Su estudio sobre el centro desarrollado y la periferia atrasada explica cómo “la distribución desigual de los frutos del progreso técnico sancionaba el rezago periférico y la reproducción de causas que lo determinaban”[2].

Hoy, la tecnología puso en duda la validez de todas las ideas preexistentes, sumado a la casi desaparición de fronteras comerciales, de los avances de los medios de comunicación y de las exigencias de los mercados de consumo.

José Luís Monereo Pérez[3] manifiesta que el derecho concursal soluciona los problemas de la empresa en crisis y de ahí su evolución o cambio permanente. Entonces, hoy deben aparecer nuevos mecanismos de tratamiento jurídico y de intervención del poder público, no ya para solucionar el estado de cesación de pagos, sino para evitarlos.

Como vemos, el proceso concursal aparece cuando ya está la crisis de la empresa, entonces, frente a la actual crisis, abonamos la idea de soluciones administrativas urgentes que eviten el uso del proceso concursal en toda América. Hacer lo contrario, producirá: cierre masivo de empresas, pérdidas de fuentes de trabajo y sus nefastas consecuencias sociales.

2- Perdurabilidad de la empresa: Podríamos preguntarnos: ¿por qué defender la perdurabilidad de la empresa? La empresa, como pulmón que oxigena a la economía del estado moderno y por tener el rol social que tiene, modifica el objetivo del derecho concursal.

La empresa es la primera contribuyente al fisco y pasó a considerársela como el objetivo primordial del derecho concursal, debiendo “primero mantener el empleo, y luego el crédito”, según lo expresado por Héctor Alegría[4]. Pero, para cumplir con dicho objetivo es primordial apuntalar la empresa sin importar la figura del empresario, toda vez que si la primera desaparece no existirá continuidad de la explotación ni de la fuente de trabajo.

Francisco Junyent Bas[5], subraya “el trabajador merece una tutela especial, pero al mismo tiempo se lo debe hacer ver que la suerte de la empresa es su propia suerte, que debe asumir con madurez algunas conductas que quizás lo lleven a algunos sacrificios menores pero necesarios para mantener la fuente de trabajo”. En consecuencia, en el mundo moderno y actualizado, se impone la necesidad de proteger a la empresa productiva ante la crisis.

Lo manifestado se ajusta a la realidad política-económica-financiera de estos tiempos, pero ¿Cómo defender a la empresa en crisis?; ¿debemos esperar que la cesación de pagos sea irreversible, quizás hasta la insolvencia y recién buscar su salvataje? Encontrar una respuesta justa que permita evitar la cesación de pagos es difícil, más aún cuando la continuidad del empleo y de la actividad empresarial no pasa, únicamente por los procedimientos colectivos o su reforma, sino que debe ser acompañada por una actividad preventiva desplegada por el Estado.

Agrega José Luís Monereo Pérez[6], “En los países de Europa se trata de afrontar la crisis de la empresa evitando el recurso a procedimientos concursales destructores, para mantener la organización productiva haciéndola funcionar al servicio de interés público primario. Por ello, la mayoría de los países que integran el Mercado Común Europeo, cuentan con un menú diverso de planes de reestructuración y de saneamiento a la empresa como el contralor de los sindicatos u organismos estatales”.

En definitiva, la temática actual del ordenamiento concursal es el de la perdurabilidad de la empresa con posibilidades de continuación, acompasado con la defensa del buen funcionamiento del sistema económico-financiero; de las estructuras sociales, de la estabilidad política y del empleo, pero en ningún caso, evitar la cesación de pagos.

La presente crisis, tiene ya millones de puestos de trabajo perdidos, caída de la actividad a niveles alarmantes, bajo valor del petróleo, mercados bursátiles muy volátiles y el consumo deprimido, salvo de bienes imprescindibles como: alimentación y medicamentos y por el lado de los servicios, solo los necesarios para vivir. La producción está en crisis. Hoy todo parece estar en el aire, como quizás nunca sucediera en la historia reciente del hombre.

Frente a esta realidad, resulta interesante la respuesta de los países, que podríamos resumir en dos grandes grupos, aunque hay una tercera que intenta demostrar su validez para enfrentar la crisis sanitaria global. Están los que cerraron totalmente la actividad, los que dejaron que todo fluya por los canales normales y, por otro lado, quienes buscan, por el sistema de prueba y error, una vía que permita enfrentar la pandemia desde el punto de vista médico-científico y, paralelamente, autorizar actividades económicas con el fin de reactivarla.

Este paro de la actividad, total o parcial trae aparejado consecuencias económicas irrefutables: capacidad ociosa parada con el consiguiente costo fijo sin posibilidad de reabsorción; pérdida de miles o ciento de miles de puesto de trabajo; caída abrupta de la recaudación de impuestos y su correlativo de emisión monetaria o endeudamiento -que, para países como Argentina, está casi vedado- y caída del nivel social en la población.

Entonces, veamos qué hacen los estados latinoamericanos frente a esta situación, señalando el ejemplo europeo, en particular, el rescate que Alemania hizo de Lufthansa, aportando 9.800 millones de euros, con participación del estado en el directorio de la empresa.

3.-Acciones del Estado: Resulta interesante analizar qué hicieron, hacen o proponen hacer los países latinoamericanos. Un artículo publicado[7] por el Centro de Investigación Periodístico Chileno, expresa: “dada la gravedad de la situación, los países se han visto obligados a ensayar soluciones de política poco convencionales … Así, esta “triple crisis del capitalismo” como la denomina Mariana Mazzucato –como pandemia, como crisis económica y como crisis climática– plantea un escenario propicio para discutir no sólo las mejores políticas para salir de la emergencia actual, sino de manera más general, para prefigurar lo que será una transformación sustancial de cómo pensamos la economía, la sociedad y la democracia en la post-pandemia.

Las medidas sanitarias establecidas producto de la pandemia –cuarentenas obligatorias, cierre de fronteras, de establecimientos educacionales y empresas– ha tenido enormes repercusiones humanas, sociales y económicas, disminuyendo la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y el dinamismo de la economía. La hambruna durante y posterior al coronavirus puede convertirse en la próxima pandemia que enfrentan las sociedades. En efecto, el Programa Mundial de Alimentos estima que las personas que padecen hambre podrían duplicarse a nivel global si no se toman las medidas necesarias.

El hambre en tiempos de cuarentena lleva a conflictos económicos y sociales que tensionan las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus. Según un informe reciente de la CEPAL, la desigualdad y la pobreza en sus múltiples dimensiones aumentarán en toda América Latina, dada la masificación de la precariedad laboral. De este modo, existen altas probabilidades que la hambruna se profundice debido a las cada vez más extremas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que conlleva la pérdida de empleos en contextos de alta informalidad.

La pandemia del COVID-19 que se expande a nivel global y las medidas sanitarias asociadas han llevado a los países a presentar una serie de políticas destinadas a mitigar sus fuertes efectos económicos. El FMI ha pronosticado para 2020 una caída de -3% de la economía mundial y de -1% para las economías emergentes”.

Veamos que se hizo en algunos países de nuestra región:

3.1. Argentina: Creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el que, el estado nacional, asiste a las empresas -no adecuadamente aún, a hacer frente con sus obligaciones salariales y previsionales en función de ciertos parámetros sobre la envergadura de la empresa, su capacidad de facturación, cantidad de empleados, etc.

Paralelamente, hubo subsidios a trabajadores autónomos y empleados informales, créditos a tasa cero y créditos a tasa subsidiada para que las empresas puedan recuperar capital de trabajo. La experiencia no alcanzó a todas las empresas, pero en algo pudo coadyuvar a evitar la cesación de pagos. Fue más efectivo en cuanto a los subsidios a personas humanas que a las empresas. Sobre este punto se destaca que, “el gobierno destinó 60.000 millones de pesos en el primer semestre para ayuda alimentaria”[8]

Los legisladores tienen en estudio unos veinte proyectos de modificación de la ley de concurso y quiebra, justificándose casi todas, en ayudar a las empresas a salir de la crisis que le generó la cuarentena. Nuestra profesión organizada estudió cada uno de ellos y se expresó en contra de estos proyectos, manifestando que la solución, hoy, frente a la crisis económica, debe provenir de resoluciones política-administrativa, con un fuerte apoyo a la producción y al trabajo por parte del estado. Sin embargo, se consensuó con diputados por uno de ellos, el que hoy tiene media sanción por unanimidad. La Comisión de Actuación Judicial de FACPCE lo analizó previamente y se acordó con diputados para su aprobación. Este proyecto lo que busca es evitar que empresas con procesos concursales en curso, no terminen en quiebra. Se amplían plazos y suspenden ejecuciones de bienes.

Por último, el gobierno argentino, ya está prometiendo un plan de ayuda más integral pensando en la post pandemia, puntualizando que será para incentivar, precisamente, la producción y el empleo, además de mantener los planes sociales ya implementados.

3.2. Brasil: estableció el Programa Pro-Brasil[9] que “será implementado en larga escala a partir de octubre próximo y trazará estrategias para recuperar al país en diversos frentes, con la planificación y colaboración” de todo el Gobierno.

«El programa busca mejorar las acciones estratégicas para retomar el crecimiento en respuesta a los impactos que Brasil ha sufrido debido a la pandemia».

Se tratará de mejorar el ambiente de negocios con la atracción de inversiones privadas, como reforzar las inversiones por parte del Estado en obras públicas y de infraestructura. El plan se centrará en algunos ejes, como la gobernabilidad, productividad, medidas estructurales e inversiones. El programa deberá ser estructurado entre mayo y julio y los detalles deberán ser concluidos hasta septiembre.

3.3. Perú[10]: actualmente la economía peruana es una de las más golpeadas de América Latina y del mundo, sin embargo, hay optimismo sobre una pronta recuperación.

El Gobierno Peruano, el 15 de marzo pasado, emitió el Decreto Supremo N 044-2020-PCM declarando el Estado de Emergencia Nacional, como consecuencia del brote del COVID, por lo que se dispuso la inmovilización social obligatoria y restricciones en el ámbito comercial, Industrial y de la prestación de servicios a nivel nacional con la finalidad de moderar la crisis sanitaria y, ante la crisis económico financiera de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; implementó el “Programa Reactiva Perú”, creado por el Decreto Legislativo N° 1455, publicado en el diario oficial el peruano el 6 de abril de 2020, permitiendo que miles de empresas accedan a créditos a muy bajo costo (algunos bordeando el 1% de interés) con un plazo de 36 meses, incluido un periodo de gracias de 12 meses, durante el cual el cliente no paga intereses ni capital, actuando el gobierno como garante de los créditos bancarios brindando seguridad al BCRP (Banco Central de Reserva del Perú)

Se piensa que el año que viene la economía peruana crecerá el 7%, según el Banco Mundial. Pero el rebote estará, casi íntegramente, influido por el efecto base (cuanto más dura es una caída, más rápida es la recuperación posterior) e insuficiente para cerrar todas las heridas en un solo año: tendrá que esperar, como mínimo, a 2022 o 2023. “Va a ser una recuperación rápida primero, pero luego va a ser mucho más lenta.”. La economía mundial enfrenta una severa crisis y el Perú no escapa a ello, implementándose uno de los planes económicos más importantes de su historia, la economía se recuperará y se observará mejoras durante el tercer y cuarto trimestre del 2020, apreciación hecha en base a indicadores que así lo demuestran:

-La cotización del cobre en el exterior se ha recuperado tras avanzar 40.12% en los últimos cuatro meses del año, luego de haber caído a su mayor nivel en marzo pasado, en medio de las medidas de confinamiento global para mitigar el avance del covid-19.

De esta manera, el precio del cobre pasó de 4,630 dólares por tonelada el 23 de marzo del 2020 a 6,487.50 dólares el 20 de este mes en la Bolsa de Metales de Londres.

-La pesca contribuirá en nuestra economía contribuyendo con aproximadamente US$ 2.000 millones en divisas para el país, producto de las exportaciones de harina y aceite de pescado.

-El Poder Ejecutivo adoptando diversas medidas en un corto plazo con la finalidad de mantener y conservar el empleo en el país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado un crecimiento para el Perú al 2020 de 2.5%. Para mejorar esta poco alentadora cifra es necesario atender los retos internos y externos que se le presentan como país, es necesario implementar estrategias más participativas. En este sentido conviene proyectar Perú al mundo desde una política interna estable, sustentada en los valores democráticos que han caracterizado históricamente al país; es decir, trabajando por la solidez de las instituciones, la lucha contra la corrupción, la transparencia en la justicia y la reducción de las desigualdades sociales, factores que contribuyen a un clima de estabilidad tan propicio para la inversión, y el crecimiento sostenido.

Al 16 de junio de 2020, las operaciones de inyección del BCRP totalizan un monto de S/ 45,4 mil millones (6,4 por ciento del PBI anual al segundo trimestre de 2020), de los cuales S/ 24,4 mil millones corresponden a recompra de valores, monedas y cartera, y S/ 21 mil millones es el monto liquidado de repos de crédito con garantía estatal. Cabe señalar que se han liberado fondos de encaje de las entidades financieros por un monto estimado en S/ 2 mil millones.

El programa impuesto por el Supremo Gobierno denominado “Reactiva Perú “, ha permitido evitar el rompimiento de la cadena de pagos, ha coadyuvado a proveer de la liquidez necesaria al sistema financiero y obtener capitales de trabajo para las empresas a bajo costo, lo que permitió a estás, afrontar la crisis motivada por la pandemia.

3.3. Ecuador: Las informaciones[11] dan cuenta que este país, es uno “de los países más golpeados durante las primeras semanas de propagación del coronavirus en América Latina y organismos internacionales sostienen que será uno de los que más duras consecuencias económicas sufrirá a causa de la pandemia”.

Se creó la llamada Cuenta Nacional de Emergencia Humanitaria con el objetivo garantizar alimentos, salud y evitar la ola de quiebras de los negocios locales.

«De las empresas para las empresas vamos a evitar que el pequeño productor quiebre y que nadie se quede sin su trabajo»

3.4. Chile[12]: Chile también realizó acciones tendientes a “proteger a las empresas y los trabajadores; y lo compara con las políticas que se despliegan en el mundo. El resultado es un muy informativo retrato sobre las herramientas que se están usando hoy en distintas latitudes: desde países que niegan ayuda a empresas que tributan en paraísos fiscales, a aquellos que estudian impuestos permanentes para el 0,1% más rico; desde países que revisan el rol de su banco central para que ayude a generar empleos, hasta aquellos que ya están organizando sistemas de alimentación nacional pues “la hambruna puede convertirse en la próxima pandemia que enfrenten las sociedades”. La exploración que ofrecen los autores tiene una finalidad central: invitar “a pensar las políticas económicas actuales de cara a los desafíos del futuro.

Para Chile se proyecta una caída incluso mayor, de un -4,5%, la peor desde la crisis de 1982-1983”.

3.5. Países de Centroamérica: Para conocer qué están pensando los gobiernos de esta región, recurrimos al excelente trabajo de la fundación Carolina[13]. Rescatamos las siguientes conclusiones que llega el economista salvadoreño Alexander Segovia: “En Centroamérica se están ensayando distintas respuestas políticas para lidiar con la emergencia de la pandemia del COVID-19, que reflejan distintas prioridades y alcances, y que se aplican a diferentes ritmos, con escasa o ninguna coordinación regional, a excepción de los esfuerzos que está haciendo el SICA (Sistema de Integración Latinoamericana) para mantener el comercio regional de alimentos y materias primas básicas, y del apoyo financiero regional del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica fundado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) a los países. Una virtud de las respuestas es que todas buscan fortalecer los sistemas de salud y, en menor medida, los programas de protección social, lo cual constituye una buena noticia para una región que históricamente ha descuidado esta dimensión. Su gran debilidad es que, la mayoría, no está respondiendo con suficiente celeridad, ni con la contundencia y firmeza que la emergencia amerita. En este aspecto, los gobiernos —a excepción del salvadoreño— están actuando bajo la premisa de que existe una especie de trade-off entre la atención a la crisis sanitaria y la contención de la crisis económica.

Si bien es cierto que en el corto plazo los costos de combatir la crisis sanitaria son inevitablemente altos, también lo es que un descuido en su atención, además de causar un elevado número de muertes, provocará una crisis económica mucho mayor y más prolongada. Por ello es urgente que los gobiernos y las sociedades asuman de una vez por todas que la crisis socioeconómica es inevitable, pero que los países estarán mejor preparados para enfrentarla si antes logran contener y controlar la crisis sanitaria, pese a los sacrificios que ello implica. El caso de El Salvador, como se ha indicado, ilustra que es posible gestionar una respuesta contundente, centrada en la contención de la crisis sanitaria, pero que esto acarrea enormes costos económicos, sociales y políticos, sobre todo en Centroamérica, donde hay una extensa economía informal y buena parte de su población es pobre y vulnerable”.

Considera que lo mejor será dar: “respuestas enérgicas centradas en la contención de la crisis sanitaria, que combinen medidas de confinamiento y aislamiento social con acciones de fortalecimiento de los sistemas de salud y de los programas de protección social, incluyendo transferencias monetarias directas a la población pobre y vulnerable y programas de ayuda efectiva a las mipymes. Termina diciendo: “las respuestas políticas deben construirse con el respaldo de amplios acuerdos políticos y sociales, sustentados en el respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos.

3.6.- Paraguay[14]: Plan de reactivación económica pos-Covid-19, denominado Ñapu’a Paraguay por un monto global de USD 2.513 millones, de los cuales unos USD 350 millones los que serán financiados con mayor endeudamiento al sector público.

Las acciones del Gobierno, a través de este plan, apuntan a contener la caída económica de este año, estimada en -2,5% según el BCP y evitar que el desenlace sea peor.

Inversión en obras y generación de empleo La inversión en obras públicas y generación de empleos, representa el componente más importante del plan. A obras públicas se destinará USD 1.372 millones, para generar 124.240 empleos directos e indirectos.

Ayuda con fondeo y líneas de créditos: El apoyo financiero se alista a ser el segundo pilar más importante del plan de reactivación presentado. El Gobierno anuncia destinar unos USD 676 millones al mismo, creando un fondo a largo plazo para la inversión privada (en julio); un fondo para vivienda (en agosto); capitalizar el Fondo Ganadero y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)- también en agosto-, y fondear la Agencia Financiera de Desarrollo para otorgar créditos (enero 2021).

El fondo de largo plazo para la inversión privada será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) y estará dirigido para la financiación de proyectos de inversión del sector privado o ampliación de negocios, mediante nuevos créditos para las mipymes

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4.- Conclusiones: como hemos visto, los gobiernos de américa latina están preocupados, no sólo de la salud de sus habitantes -con medidas tomadas en diferentes escalas-, sino también por los efectos que la pandemia y la cuarentena producto de ella, genera y generará en la economía regional.

Como manifiesta la publicación del Centro de Investigación Periodístico Chileno, este escenario puede ser el marco “propicio para discutir no sólo las mejores políticas para salir de la emergencia actual, sino de manera más general, para prefigurar lo que será una transformación sustancial de cómo pensamos la economía, la sociedad y la democracia en la post-pandemia” latinoamericana.

El Banco Mundial ha destinado un importante fondo[15] para ayudar a “américa latina y el caribe para responder a los impactos causados por la COVID-19, a través de nuevas operaciones y la reorientación de fondos de proyectos existentes, tales como: asistencia de U$S 160.000 millones para gestionar la emergencia.

Si se considera que la propuesta del Banco Mundial resulta insuficiente, nuestros países deben cumplir con el sueño de los grandes libertadores de américa y desarrollar acciones en conjunto para transitar el siglo XXI. Quizás la creación de un fondo anticrisis latinoamericano, al que los estados democráticos, respetuosos de los derechos humanos, y con sistemas de control que garantice transparencia, recurran en circunstancias como los actuales, sea una posibilidad real de lograr previsibilidad para el futuro y nuestra profesión no puede estar ajena, ni en el estudio, ni en la implementación y desarrollo de políticas que permitan a américa latina, emerger de esta crisis.

[1] Anares Cucurellia, Gabriel, Derecho Mercantil, 3ª Edic., Ed. Enares, Barcelona, 1959, pág. 830 y siguientes.

[2] Aldo Ferrer; “El Rotundo Triunfo del Estructuralismo Latinoamericano”; www.eco.unrc.edu.ar/leer.asp.

[3] Monereo Pérez, José Luís, prólogo a la obra de Manuel Ramos Torres, El fondo de garantía salarial, Ed. Comares, Granada-España, 2000, pág. XXV.

[4] Alegría, Héctor, Primero hay que mantener el empleo La Gaceta-Sec. Tribunales, Tucumán 09/05/06, pág. 5.

[5] Junyent Bas, Francisco, La suerte de la empresa es la del empleado, La Gaceta-Sec. Tribunales, Tucumán, 19/08/08, pág. 3.

[6] Monereo Pérez, José Luís, obra citada, pág.35

[7] https://ciperchile.cl/2020/05/24/la-politica-economica-frente-al-covid-19-en-chile-y-el-mundo-una-invitacion-a-ampliar-las-fronteras-de-lo-posible/

[8] https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-destino-60.000-millones-en-el-primer-semestre-para-ayuda-alimentaria-20200802-0011.html

[9] https://www.dw.com/es/brasil-anuncia-plan-de-recuperaci%C3%B3n-para-mitigar-impacto-de-pandemia/a-53213490

[10] Aporte del licenciado José Manuel Aparcana, integrante de la comisión de Peritaje Contable de AIC

[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-52275464

[12] https://ciperchile.cl/2020/05/24/la-politica-economica-frente-al-covid-19-en-chile-y-el-mundo-una-invitacion-a-ampliar-las-fronteras-de-lo-posible/

[13] https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-14-2020.pdf

[14] Aporte de la CP Graciela Oscari, secretaria de la comisión de Peritaje Contable de AIC

[15] https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19-coronavirus-latin-america-and-caribbean

Ramón Vicente Nicastro, vicepresidente de la Comisión Técnica Interamericana de Peritaje Contable. Contador Público Nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina y matriculado en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán con título de posgrado en Sindicaturas Concursales expedido por la misma Facultad.