Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la Democracia

Por Carlos Mauricio De La Torre Lascano.(Ecuador)

Miembro de la Comisión Técnica de Peritaje Contable y Auditoría Forense

La corrupción es una categoría moral que significa putrefacción y decadencia. Los analistas usan este término para describir aspectos cotidianos que se consideran repugnantes. La conmoción generalizada en todos los estratos sociales debido a los cada vez más asiduos escándalos a nivel global por hechos de corrupción que responsabilizan a líderes políticos se ha tornado cotidiano, a nivel latinoamericano las investigaciones internacionales en los denominados “Panama Papers”, “Lava Jato”, “Odebrecht” y aún decretado “Estado de Excepción” por la crisis sanitaria que fueron declarados en los Estados debido a la pandemia, se involucra a altos funcionarios públicos de elección popular, muchos de los cuales han terminado en prisión, han sido cesados o se encuentran prófugos. Los perpetradores han cometido crímenes abominables que incluyen sobreprecios en insumos médicos y medicinas en pleno estado de emergencia sanitaria afectando a las clases más necesitadas. Los múltiples y variados actos de corrupción perpetrados por gobiernos que desean perpetuarse en el poder se han dado a conocer, se han emitido sentencias en algunos casos y ya sienten sus devastadores efectos. La corrupción política es uno de los fenómenos que afecta directa y sustancialmente a la legitimidad y la confianza de las instituciones.    

La corrupción no es reciente, de hecho, se señala que esta nace con el ser humano o es tan antigua como la civilización misma, por tanto, su ámbito de aplicación es universal ya que no distingue o selecciona una determinada ubicación geográfica, etnia o país. Grupos criminales estructuralmente organizados crean sofisticados esquemas delictivos a gran escala, dejando cuantiosas ganancias provenientes de actividades ilícitas corruptas de diverso orden, entre otras el narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, tráfico, trata de humanos, etc. Delitos que pueden generarse desde el sector público o desde el privado, con especial referencia a los escándalos mundiales protagonizados por multinacionales como Enron, Lehman Brothers, Parmalat o Volkswagen. Resulta necesario entender que los perpetradores de estos hechos delictivos, generan cuantiosos beneficios económicos y se ven obligados a ocultar dicho origen ilegal para evitar ser descubiertos y poder disfrutar de esos activos. Por lo que el lavado de activos es un mecanismo que las mafias han venido utilizando para legalizar cuantiosas cantidades de dinero, fruto de sus actividades ilícitas, insertando el dinero en la economía de un país, lo que provoca mayor corrupción y afecta los Derechos fundamentales de los ciudadanos.

La búsqueda de poder no solo se limita dentro de la organización criminal, sino que se expande cada vez más de manera progresiva, considerando la cantidad de flujos económicos que se tratan de esconder e insertar en la economía formal. Y es que los potentes tentáculos de la corrupción en la persecución de hegemonía inclusive financian políticos para poder tener acceso a los sistemas de gobernabilidad. A nivel latinoamericano, leyes electorales deficientes (o la ineficiencia del cumplimiento de estas) pueden volver muy costosas las elecciones, induciendo a los políticos a buscar fuentes lucrativas para financiar sus campañas o buscar impunidad. No obstante, otros efectos secundarios ocurren de manera singular cuando el proceso democrático está desbordado, un claro ejemplo de ello constituye la concesión a multinacionales extranjeras para explotación de recursos naturales (petróleo, gas, madera, minerales) o adjudicación para la construcción de mega obras, cuyos costos de inversión deben ser compensados por los riesgos implicados, pero se espera que el saldo de sus ganancias generalmente se devengue a la nación propietaria de esos activos. El soborno es la forma más común de corrupción pública.

La idiosincrasia común en Latinoamérica, contribuye a que la corrupción se propague mucho más rápido y de manera generalizada, viéndose muy afectado un factor determinante en las interrelaciones humanas: la confianza; a lo que se suman los comportamientos ordinarios y colectivos de la ciudadanía de omitir la ley con la finalidad de obtener un beneficio personal, alcanzando este fenómeno a todas las funciones del Estado, por tanto la descomposición de las instituciones de la democracia cada vez es mayor. El rango de confianza en que se mueven los partidos políticos, congreso y poder judicial, las instituciones de la democracia en América Latina en los últimos 20 años no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos, es decir el nivel de confianza en dichas instituciones es muy pobre, obviamente debido al desencanto permanente de los políticos de turno que permiten que la corrupción siga campeando impunemente. La corrupción es un síntoma de debilidad de los sistemas político, social, jurídico y económico, y es que no solo las cifras lo demuestran, son los hechos, las acciones que palpamos, percibimos, y nos resignamos en muchos casos a tolerar cotidianamente porque el sistema funciona de esa manera.

La globalización incide de forma determinante en los Estados ya que se debe considerar que el uso de transacciones virtuales ha tenido un incremento exponencial, así el desarrollo alcanzado por los mercados financieros provoca sentimientos duales. El avance de las telecomunicaciones, celeridad en la transferencia de datos, versatilidad alcanzada por los sistemas de transporte y homogenización del conocimiento permiten que cada vez se operen mayores volúmenes de dinero en los mercados financieros, flujos económicos que en muchas ocasiones no devienen precisamente de actividades lícitas. La corrupción en las naciones ha engendrado muchos problemas con los que tienen que lidiar los Estados y con ellos riesgos para la ciudadanía que varían considerablemente entre países. Con el transcurso del tiempo y el auge del comercio ilegítimo de las sustancias sicotrópicas y estupefacientes, es cuando el lavado de activos empieza a tomar verdadera preponderancia. A partir de los años setenta aumenta la preocupación mundial en torno al reciclaje de dinero, en virtud de la escalada del ingreso de drogas ilegales en Estados Unidos. Importantísimas sumas de activos son introducidas provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, lo cual determina la decisión de las naciones a luchar contra este delito. De esta manera tuvieron origen poderosas organizaciones transnacionales que pronto extendieron su modalidad delictiva por diversas regiones del mundo, a estos eventos se suma la utilización del sistema financiero global que ya tenía una histórica propensión a la ocultación de sus actividades más comprometidas con su conocido sigilo bancario, que si añadimos la corrupción perpetrada por funcionarios públicos, terminaron fortaleciendo un régimen global de blanqueo de capitales que incluye paraísos fiscales o tax haven.

Se torna necesario entonces conocer cuál es la incidencia que tienen el lavado de activos y la corrupción sobre las naciones. Entendiendo que actualmente el desarrollo tanto de jurisprudencia como de literatura sobre este tema se ha incrementado y progresado mucho, al punto de incluirlo en las diferentes legislaciones tanto administrativas como penales de los países en forma expresa, especificando qué comprenden estas conductas y qué sanciones conllevan, es decir tipificándolo, pero tomando en consideración el aporte que brinda el sistema preventivo justamente para fortalecer los sistemas democráticos en las naciones.

RESULTADOS

1. Estado del Arte del delito de lavado de activos

Se define al lavado de activos como un proceso complejo, en virtud del cual bienes de origen delictivo pretenden, en primer término, disimularlo, y luego incorporarse a la economía formal, adquiriendo apariencia de legalidad. La actividad criminal para resultar rentable debe ser legalizada en algún momento, de tal manera que sus resultados puedan ser disfrutados con tranquilidad. Consecuentemente, el lavado de activos constituye una de las áreas donde más se han enfocado las organizaciones criminales, en la búsqueda de soluciones creativas y en el aprovechamiento de la globalización, ya que este proceso permite al delincuente el disfrute de los activos obtenidos por su actividad delictiva previa. Estas personas naturales o jurídicas operan en distintos sectores productivos, comerciales o de servicios, ampliándose considerablemente el ámbito en donde puede presentarse este delito, siendo sus objetivos básicos: i) ocultar los crímenes que dan origen al dinero, y, ii) asegurar el disfrute de estos ingresos, permitiendo su consumo, inversión o ahorro en la economía legal.

Entre las características más importantes del delito, tenemos la globalización de las actividades de blanqueo como consecuencia de su internacionalización, tendencia al profesionalismo y complejidad de nuevos métodos empleados. Todas ellas se encuentran interrelacionadas y se potencian en la medida de su aplicación mundial, la mayor especialización de los blanqueadores da lugar a la elaboración de mecanismos cada vez más sofisticados. La utilización de diferentes y variadas técnicas por parte de los perpetradores son cada vez más complejas, avanzando incluso de manera vanguardista a los entes reguladores, apoyándose en la tecnología, esta posibilidad se incrementa en el caso de la criminalidad económica, ámbito en el que los instrumentos financieros son utilizados para obtener cualquier clase de enriquecimiento ilícito, facilitar la circulación de ese patrimonio ilegal, distanciarlo de su origen delictivo o procurar su reintroducción en el mercado legal. Con la finalidad de legitimar los capitales ilícitos es muy común que se proceda con varios métodos, con lo cual los perpetradores consiguen dos objetivos: i) la acumulación del número de operaciones sobre un mismo patrimonio hace que aumente la distancia que lo separa de su origen, reduciendo las posibilidades que las investigaciones de las autoridades de control permitan establecer un vínculo sólido entre ese capital con su fuente ilícita; ii) el fraccionamiento del proceso de blanqueo de un capital en una pluralidad de vías permite diversificar riesgos, garantizando con ello la discreta legalización de un amplio porcentaje del mismo.

Las enormes ganancias generadas por dichas actividades ilícitas, poseen un poder corruptor sin límites a nivel global, ya que con el establecimiento de la corrupción política y privada se logran dos objetivos claramente identificables: enriquecimiento ilícito e impunidad.  

2. Lavado de activos y corrupción como problema social

La afectación que genera este delito en las naciones tiene distinto impacto. El incremento de producción y consumo de drogas en los países productores e intermediarios, el nivel delincuencial y de marginalidad que hacen del beneficio económico de las actividades delictivas una fuente de riqueza incalculable, además de la corrupción en que están sumidos algunos de esos Estados. Como consecuencia se deriva una legislación atrasada, ambigua y laxa en la persecución de delitos, supervisión débil o ineficaz de las actividades financieras, cuerpos de seguridad faltos de formación y motivación para la persecución de delitos y falta de cooperación internacional que posibilite detener las operaciones delictivas originadas en su entorno geográfico.

El lavado de dinero y la corrupción tienen efectos negativos económicos, sociales y políticos. Los efectos políticos devienen en que los delincuentes pueden socavar los sistemas democráticos, convirtiéndolos en altos funcionarios del gobierno de turno. Siendo así, es menester que exista en los países una política pública de prevención y lucha contra la corrupción, que armonice en el ámbito nacional lo estipulado en la correspondiente normativa ajustándose a preceptos internacionalmente emitidos. La democracia como la libertad no pueden constituirse como opciones, son verdaderas necesidades.

Conclusiones

El delito de lavado de activos tiene en su origen actividades ilícitas previas y existen dos sistemas para tratarlo, una por la vía represiva, basado en la sanción, generalmente mediante la aplicación de los códigos penales y otro mediante la utilización de mecanismos disuasivos, haciendo referencia a la emisión de normativa preventiva administrativa. La corrupción no puede evaluarse en términos solamente de una variable (económica, política o social), requiere una síntesis de las tres dimensiones. Una lucha exitosa contra la corrupción es realmente parte del desafío para la gobernanza efectiva de las sociedades, resulta mandatorio una comprensión profunda del vínculo entre las instituciones políticas y la corrupción considerando la descentralización y la accountability permanente como medidas que apoyarían este proceso.

A nivel mundial se han emitido varias recomendaciones para frenar la corrupción, incluyendo las que ha emitido diversos organismos internacionales. Muchos países han incluido dentro de sus códigos penales a la corrupción, estableciendo adicionalmente unidades administrativas especializadas para investigarla, tales unidades gubernamentales deben estar libres de influencia o injerencia política indebida. Uno de los puntos muy importantes recae en el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque hasta el momento no exista mucha jurisprudencia al respecto. La ausencia de tipificación de la corrupción pública de manera explícita en muchos países constituye un vacío jurídico que permite que muchos sectores políticos y en ese contexto, compañías con influencias o poder económico, utilicen mediante una gama extensa de artilugios para fraguar múltiples delitos, entre ellos el lavado de activos, a pesar que existe inclusive normativa que prohíbe a funcionarios públicos ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales, lo que sin duda es un avance jurídico que debe ser robustecido mediante normativa expresa tipificando la corrupción pública.

Referente al proceso del delito, hay que estar claros que existen múltiples y diversas maneras o mecanismos de realizarlo, utilizando una vasta gama de medios, dependiendo su accionar de esas particularidades propias de cada país, donde la normatividad emitida juega un rol preponderante en la mitigación de efectos e impregnación del delito en la sociedad. A pesar de existir un vasto cúmulo de normativa internacional y doctrina emitida, la adopción del enfoque preventivo o represivo por parte de los Estados buscando el equilibrio entre lo benévolo y punitivo en extremo, donde se mantengan las garantías consagradas en los derechos fundamentales, sin perder la hegemonía del sistema es un verdadero reto, toda vez que la falta de voluntad política mediante la emisión de normativa de orden preventivo ha producido una propagación del delito a otros sectores económicos donde operan las compañías, brindando la oportunidad para que se utilicen nuevos mecanismos, lo que deviene en la adopción con mayor rigurosidad del sistema represivo.

El tratamiento de la corrupción y el delito de lavado de activos desde la perspectiva preventiva resulta ser una opción totalmente válida, toda vez que el objetivo desde este enfoque es garantizar que los derechos fundamentales de las sociedades estén protegidos, por tanto, los efectos y consecuencias negativas que se originan en los sectores económicos donde opera la sociedad en su conjunto se vean reducidos. Los actores en la economía, en referencia a las compañías e inversores, cuenten con reglas claras, con aportación constante de los involucrados y es aquí donde hace falta mayor interacción, puesto que éste es un fenómeno que utiliza nuevos mecanismos constantemente, requiriendo especial atención, la aplicación y actualización de instrumentos legales para combatirlo. El carácter universal del delito examinado y la corrupción requiere además un continuo aporte desde todos los sectores, ya que los esfuerzos realizados nunca serán suficientes para aplacar este mal que azota a las naciones.