Ética en la función pública

CPA Uraí Ibáñez de León

 

Es innegable que la ética está adquiriendo una importancia cada vez más notoria en nuestras sociedades, desde el ciudadano común hasta las altas esferas de gobierno regional y mundial.

Sobran ejemplos de políticos que, ocupando cargos, han tenido que renunciar a causa de la presión ejercida desde el punto de vista ético por parte de los votantes, los miembros del gobierno y hasta sus propios correligionarios, generando consecuencias dentro del propio partido en ese momento y hacia el futuro.

A mi juicio, lo interesante es ubicar el tema ético en la opinión pública como un principio fundamental que nos caracteriza a todos, más allá de la condición propia de cada uno. Es en este sentido que comenzamos a observar la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto, en primer lugar, y para aquellos que circunstancialmente ocupan cargos de gobierno, quienes deben oficiar como un modelo ideal de conducta pública y privada, siendo ejemplo a seguir por generaciones más jóvenes. El segundo punto sería para el votante, que conociendo el código de ética de su partido puede reclamar el cumplimiento del mismo a aquellos que fueron destinatarios de su confianza. El tercero es que, al ubicar el tema ético como un principio fundamental en la sociedad, obtendremos un beneficio no sólo en forma individual sino también colectiva.

La pregunta que surge es ¿en qué medida el ciudadano conoce los códigos de ética referidos? Entiendo que este tema debería ser parte de la campaña electoral, mencionarlo y asumir el compromiso públicamente, generando una etapa posterior en lo que se denomina la ética de las convicciones y de las responsabilidades asumidas anteriormente.

En términos generales: una sociedad cada vez más próxima a estos valores debería estar alejada de temas como la corrupción, lavado de activos, favores, amiguismo, cuya consecuencia directa sería la búsqueda de la transparencia en la gestión pública y privada.

Bajo el supuesto planteado en el párrafo anterior, una sociedad debería ser más equitativa, justa, generadora de oportunidades de desarrollo para sus habitantes, independientemente de su condición socio económica, en definitiva, un ideal o un deber ser que nos interpele como tal y nos convoque a seguir trabajando.

En tal sentido, en Uruguay existe la Ley de los Partidos Políticos Nº 18485, que obliga a los mismos a informar el origen de los fondos utilizados en las campañas, brindando trasparencia con respecto al financiamiento. Este aspecto es relevante, desde el punto de vista ético, debido a que cuando en la campaña electoral hay favores no declarados, posteriormente se genera un compromiso en el gobernante y la toma de decisiones, cuando lo correcto sería gobernar y tomar decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad.

Otro organismo encargado de fortalecer la transparencia en la gestión del Estado es la Junta de Ética y Transparencia Pública, JUTEP, en su condición de servicio descentralizado y teniendo como objetivo fundamental el control del comportamiento ético del funcionario público, como por ejemplo la obligatoriedad de emitir una declaración de bienes e ingresos al comienzo de su función y posteriormente cada dos años.

Es indudable que la legislación vigente y la JUTEP han puesto el tema ético en la discusión pública, asignándole una importancia cada vez más notoria y determinante en la transparencia de la administración gubernamental.

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