En febrero de 2021, la constructora británica Carillion colapsó dejando deudas por más de 7.000 millones de libras. La autopsia financiera reveló que buena parte de esas obligaciones estaban ocultas en lo que parecía, a simple vista, una inocente cuenta comercial: los acuerdos de confirming con proveedores. En los estados financieros aparecían como “pasivos comerciales”; en la realidad, eran deuda bancaria disfrazada.
Esa lección corporativa llegó al sector público. Si una empresa cotizada puede ocultar deuda bajo una etiqueta contable, ¿qué no podría hacer un municipio, una universidad pública o un ministerio con presiones políticas de cumplir metas fiscales? (…)