Finanzas personales, alivios financieros y subsidios estatales en tiempos de pandemia covid-19

Por Inés Alexander Caballero Rivera CPA

Miembro de la Comisión de Administración y Finanzas de la AIC

Contador y Auditor Independiente – Panamá

e-mail: iacr.cpa@gmail.com

La pandemia covid-19 ocasionó un giro de 360° en la vida de todos, y en Panamá nos vimos obligados a realizar cambios drásticos en nuestro diario vivir.  Uno de los mayores impactos, aparte de las afectaciones en la salud de los ciudadanos, fue la grave lesión económica que llevó a reestructurar las finanzas personales, crear alivios financieros y subsidios estatales.  Todo esto para contrarrestar los efectos de la pandemia en lo referente al índole social y económico.

Cuando hablamos de finanzas personales nos referimos al manejo y administración del dinero y bienes de un individuo o familia.  Es decir, la administración de un todo: los ingresos, gastos, bienes materiales, fondos de ahorro, fondos de inversión, seguros, créditos, entre otros.

Los alivios financieros hacen referencia a las medidas con las que puedes solventar el pago de tus productos bancarios. Se trata de opciones que se ajustan a tu perfil y tus necesidades, teniendo en cuenta las circunstancias por las que atraviesa el país debido al Covid-19.

En cuanto a los subsidios estatales, surgen como un paliativo o apoyo financiero a la población afectada de cada uno de los sectores económicos, con el objetivo de promover determinadas políticas económicas y sociales.

La crisis sin precedentes que vivimos a nivel mundial desde marzo 2020, producto de la pandemia por COVID-19 nos obligó a efectuar cambios radicales en nuestro diario vivir.  Uno de los principales retos para todos, ha sido controlar nuestras finanzas personales, tema que en la actualidad ha ganado una mayor relevancia.  De igual manera, surgieron los alivios financieros y subsidios estatales para coadyuvar la gran afectación económica, que nos afectó a toda la población.

Una vez declarado el estado de emergencia en cada país, los gobiernos en conjunto con las entidades financieras y bancarias se vieron en la necesidad de buscar los mecanismos mediante los mencionados alivios financieros para sus clientes y otorgar plazos dentro de lo permitido por el sistema económico y bancario, y así lograr que todos los afectados por la reducción total o parcial de sus ingresos, provenientes ya fuese de sueldos, servicios profesionales, ventas directas u otros, se beneficiarán con la extensión de plazo para el pago de sus compromisos en concepto de: hipotecas residenciales y comerciales, préstamos personales y comerciales, préstamos agropecuarios, préstamos de auto, tarjetas de crédito, entre otros. 

A la mayoría de la población afectada, las entidades bancarias les otorgó una moratoria automática, donde sus fechas próximas de pago fueron extendidas, todo esto sin afectar su historial crediticio y sin que ello representara una mala referencia de pago.  Esto lo podían constatar los clientes acercándose a los bancos o consultando en línea a través de las plataformas de cada entidad bancaria.

Declarado el estado de emergencia nacional en Panamá, se pusieron en marcha los protocolos de bioseguridad y medidas de prevención de contagios por la COVID-19 sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.  Esto llevó al cierre de las empresas y por ende a la suspensión de las labores por parte de la fuerza trabajadora, por lo que el Estado se vio en la necesidad de emitir en tiempo récord, decretos ejecutivos, leyes y resoluciones para manejar de forma organizada dicho cierre y suspensión, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo de la República de Panamá, así como regular las actividades necesarias que garantizaran la disponibilidad en el mercado de los productos, bienes y servicios requeridos para afrontar la demanda por parte del consumidor.

A raíz de lo antes expuesto, en Panamá se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 81 del 20 de marzo de 2020, que establecía que los contratos de los trabajadores de empresas que hayan sido cerradas como parte de las medidas preventivas de las autoridades gubernamentales se considerarán suspendidos.  Posteriormente se promulgó la Ley 156 del 30 de junio de 2020, donde se regula la moratoria y dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la República de Panamá.  Esta norma buscaba brindarle formalidad jurídica a la moratoria comunicada previamente por la Asociación Bancaria de Panamá y establecía algunos beneficios adicionales para los clientes bancarios.  Debido a que la mencionada ley se considera de orden público y de interés social, tendría efecto retroactivo desde el 1 de marzo de 2020.

La Ley 156 establecía que sus beneficiarios serían personas directamente afectadas económicamente por la crisis de la pandemia, ya fuesen trabajadores o personas asalariadas a las que les hayan suspendido sus contratos de trabajo y en segundo lugar a los independientes o comerciantes cuya actividad se haya visto afectada por las medidas de cuarentena a las que fue sometida Panamá y gran parte de los países de la región.

Posteriormente se crea la Ley 157 del 3 de agosto de 2020, que establecía medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19, evitar la discriminación laboral, la protección a los trabajadores y de la maternidad.  La norma dice que el empleador reintegrará a sus trabajadores con contratos suspendidos, de forma gradual, tomando en consideración las recomendaciones del Comité Especial de Salud e Higiene y atendiendo a las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades competentes.  Además, se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador con contrato suspendido cuando las empresas que reactiven sus actividades económicas, con el fin de no vulnerar el derecho sus derechos de retornar a sus puestos de trabajo.

Como consecuencia de la pandemia, muchos vieron la necesidad de reinventarse como empresarios o comerciantes y nacieron un sin número de emprendedores, producto de la crisis económica y donde muchos vieron oportunidades únicas para llevar adelante una idea o concepto de negocio, que les permitiera continuar asumiendo sus compromisos de manutención personal y familiar, asumir parte de sus compromisos financieros, y en algunos casos crear el hábito del ahorro para cubrir futuras contingencias como la vivida a causa de la pandemia, para la cual no estábamos preparados ni mucho menos pensábamos en que nos ocurriría. 

Así mismo, muchas familias debieron crear un presupuesto para poder controlar sus ingresos y gastos, debido a que algunos gastos como: supermercado, cuidado personal, medicamentos, servicios básicos, aseo y limpieza, se incrementarían a consecuencia de la pandemia. Todos estos necesarios para el cuidado de nuestra salud y por el hecho de permanecer en casa por períodos prolongados de tiempo debido a la cuarentena declarada.

En vista de las afectaciones económicas que tuvo la mayoría de la población, también se vieron en la necesidad de reestructurar sus gastos personales, tales como: transporte y combustible, vestido y calzado, internet y consumo de datos, domicilios, recreación personal, entre otros.  Esto produjo a su vez que la causa y efecto cumplieran su cometido, obligando a pequeños empresarios a cerrar operaciones, lo que ocasionó que negocios familiares desaparecieran.

Como alternativa de ayuda a la población afectada, el gobierno nacional creó el Plan Panamá Solidario el cual, desde marzo 2020 hasta la fecha, entrega bolsas de víveres y bono impreso o vale digital, los cuales son canjeables por víveres y medicamentos en supermercados y farmacias. En este concepto, el Estado desembolsa mensualmente alrededor de 101 millones de dólares, cifra esta que se incrementó con un último aumento de dicho vale a razón de 120 dólares por beneficiario.

A medida que transcurren los meses, muchas personas y/o negocios, no han podido recuperarse a pesar de que se les permitió reabrir las operaciones y otras que aún no cuentan con permiso o visto bueno para su reapertura.  De igual manera, existen otras actividades que han tenido que volver a cerrar por casos de rebrote o nueva ola de positivos COVID-19.  Es por ello, que el gobierno se ha visto en la necesidad de buscar los mecanismos para que la economía sea sostenible hasta donde lo permita la pandemia y crear nuevos beneficios y/o mantener los ya existentes, mismos que fueron creados en conjunto con las entidades financieras y bancarias.

Es por ello, que en Panamá recientemente el gobierno dio a conocer una nueva extensión del plazo para retomar los pagos de los compromisos financieros y también nuevos requisitos para aplicar a los beneficios del Plan Panamá Solidario, en lo que respecta al vale digital o bono impreso, donde los afectados tendrán continuidad del beneficio desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021.  Para ello deberán completar una solicitud electrónica y tiene un componente que requiere por parte del solicitante o beneficiario, aportar horas de servicio social comunitario, a razón de 24 horas mensuales o en su defecto recibir una capacitación en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) en alguno de los cursos ofrecidos por la entidad, cumpliendo con un mínimo de 10 horas mensuales. 

Con esto se busca garantizar que la población afectada, ya sea del sector informal o que fueron liquidados por parte de sus empleadores, se capaciten en diversas áreas y que en un futuro cercano puedan emprender y crear sus propios negocios o brindar sus servicios de forma directa o a través de una micro o pequeña empresa y así aportar a que la economía poco a poco retome fuerza y se logre bajar la tasa de desempleo, la pobreza, la deserción escolar y los recursos sean más equitativos para cada uno de los actores de los distintos sectores económicos.  A los trabajadores suspendidos no se les condiciona con trabajo social ni cursos para poder recibir el beneficio, puesto que ellos continúan con sus contratos vigentes.

Como elementos fundamentales de la economía, debemos poner en práctica lo aprendido en esta pandemia en lo referente al uso óptimo de los recursos, ya sea en tiempos de abundancia o de escasez de ingresos.  Con eso lograremos crear un balance entre nuestros recursos financieros, los compromisos adquiridos y nuestro estilo de vida y así contribuyamos a que la economía poco a poco regrese a los niveles donde estaba antes de COVID-19.

Conclusiones

• La pandemia nos ha llevado a ser más organizados en nuestras finanzas personales, donde estamos obligados a priorizar nuestras necesidades, desprendernos de esos gastos innecesarios y que eran una carga en nuestro bolsillo.
• Recomendamos que se lleve un presupuesto personal de acuerdo con los ingresos reales recibidos y un control de los gastos mensuales, y que cada semana se revisen los mismos y así podamos detectar los que no son necesarios o reducir los que fueron excedidos. Al excluir esos gastos innecesarios, podríamos ahorrar de forma precautoria para futuras necesidades.
• Retomar o crear el hábito del ahorro, y así establecer un fondo para contingencias de cualquier índole.
• Debemos evaluar y analizar detenidamente las opciones financieras que nos ofrecen las entidades bancarias, para así adecuarlas a nuestras posibilidades y evitar dentro de lo posible la pérdida de los bienes que hemos adquirido con tanto esfuerzo y que son en su mayoría necesarios para nuestro diario vivir.
• Aprovechar la coyuntura para reorganizar nuestra rutina personal, familiar, laboral y profesional, donde hagamos un balance que nos permita cumplir con nuestros compromisos en cada uno de los diferentes ámbitos. En este punto podemos recomendar e

https://www.gacetaoficial.gob.pa/

Reglamentan la suspensión de los contratos de trabajo

https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#bioseguridad