Transparencia en las Compras y Contrataciones Públicas en Periodo Covit-19 en América Latina

Un virus paralizó al planeta, provocando una pandemia nunca antes vista en la era moderna y, en consecuencia, ha alimentado otra pandemia que ya azotaba a nuestra región latinoamericana: la “CORRUPCION”.

La corrupción no solo se genera en los Estados blandos, por la falta de oportunidades o porque las leyes no estén bien hechas y den espacio a la corruptela. «Todo esto se puede y se debe mejorar”.

“El tema cultural es más complicado«, destaca Marta Lagos, la directora del Latino barómetro, en declaraciones a EFE, para explicar la existencia de estas malas prácticas en una región que se presenta  como el epicentro de la pandemia.

Según datos de la OCDE, la compra y contratación es una de las mayores actividades de gasto gubernamental y se estima que representa entre 10% y 15% del producto interno (PIB) mundial.

Es la actividad gubernamental más sensible al despilfarro y a la corrupción debido al volumen de flujos financieros que puede generar su estrecha interacción con el sector privado y su complejidad.

Las compras y contrataciones públicas, por lo tanto, deberían basarse en un conjunto de tres principios fundamentales: eficiencia, eficacia (relación calidad-precio) y transparencia (Schapper, VeigMalta y Gilberto, 2006); y su regulación tendría que efectuarse a través de procedimientos claramente definidos y de normas que se apliquen con eficacia, para lograr la transparencia y la eficacia anhelada.

Analizados concienzudamente, los sistemas de compras y contrataciones de América Latina tienen muchos rasgos y características comunes. También enfrentan desafíos similares, por lo tanto, la modernización de estos sistemas de compras y contrataciones es de suma importancia.

Los gobiernos deben ir más allá de la adopción de tecnología para poder elevar la transparencia y transformar plenamente los sistemas de la región.

Las reformas también deben estar orientadas a promover la coordinación entre las entidades y permitir que las agencias rectoras de compras y contrataciones supervisen los sistemas y mejoren su alineación con los objetivos estratégicos nacionales.

Además, tendría que permitirle a la sociedad civil, acceso a la información sobre compras y contrataciones; así como su intervención y supervisión como medio de aumentar la transparencia, la participación y la competencia.

La “GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA”, es la   clave de ello, la   eficiencia   y la transparencia serían sus componentes primordiales.

Por décadas, la mayoría de los países de la región han emprendido reformas para mejorar sus indicadores de desempeño, en materia de gestión financiera; ejemplo de ellos son la integración de la gestión de caja y de deuda, una cuenta única del Tesoro más eficiente, adoptar las normas internacionales de contabilidad del sector público e integrar más los sistemas de información sobre administración financiera.

Pero aún queda mucho por hacer, como el implementar la gestión de costos en el sector público y establecer un régimen de contrataciones públicas más transparente y eficiente.

Es una tarea pendiente y esta pandemia ha traído a la luz, la deficiencia que todavía persiste en los sistemas administrativos y financieros de nuestros países.

Aunado a la falta y negación de los altos funcionarios a cumplir con la Rendición de cuentas, ignorando que como servidores públicos, tienen el deber de informar, justificar, responsabilizarse pública y periódicamente, ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus actuaciones y sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de la satisfacción de las necesidades de la colectividad, con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad.

Y en cuanto a la transparencia, se puede manifestar que esta constituye una importante precondición para el ejercicio de la rendición de cuentas. Está relacionada con la disponibilidad de acceso a la información institucional clara y confiable, de acuerdo con las normas constitucionales y legales, para facilitar la observación y el conocimiento público sobre el diseño, la ejecución y los resultados de las políticas públicas.

Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestión pública, sobre todo, para informar sobre los avances y retos en la planeación, ejecución o en el seguimiento y evaluación de un plan, un proyecto o un proceso.

Puede entenderse como “la obligación o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores públicos, de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras organizaciones o personas que tienen el derecho de exigir dicha información y explicaciones, así como la responsabilidad de retroalimentar –para mejorar o corregir– la gestión, castigar y reconocer comportamientos o prácticas de la administración pública”.

Será posible la prevención, contando con herramientas como la tecnología, la rendición de cuentas, la transparencia, el fortalecimiento, la adecuación de las normativas y procedimientos, la capacitación constante a los diferentes escalafones de autoridad y responsabilidad, convenios con la sociedad civil, creación de observatorios o     Monitoreo Obligatorio.  Así podremos amortiguar o disminuir los impactos de “la corrupción”, pandemia que ha demostrado ser más perniciosa que todas.

Autor: Jessica Reyes de Calderón

Licenciada en Contabilidad, Contador Público Autorizado, Egresada de la Universidad de Panamá.

Actualmente vicepresidente de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá 2019-2021.

Miembro de la Comisión de Sector Publico de Asociación   Interamericana de Contabilidad.